Comunidad indígena presentó alegatos contra central hidroeléctrica Mediterráneo en la Corte Suprema.

Este martes 30 de mayo en la Tercera Sala de la Corte Suprema se realizó la segunda parte de la audiencia de alegatos en la que opositores al proyecto Mediterráneo en Cochamó pidieron que se confirme el fallo que revocó el permiso ambiental de la empresa hidroeléctrica.

La audiencia presidida por el Ministro Sergio Muñoz duró cerca de tres horas e inició con los alegatos del abogado Alfredo Alcaíno en representación de la empresa Mediterráneo S.A., seguido de los alegatos del abogado Diego Lillo de la organización FIMA y finalizaron con los alegatos del abogado Sergio Millamán representante de la comunidad indígena Domingo Cayún Panicheo.

En la audiencia los representantes de la comunidad defendieron el fallo del Tercer Tribunal de Valdivia que anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la central Mediterráneo. “Argumentamos que dicha sentencia no adolece de ninguno de los vicios que se le imputan, sino que todo lo contrario establece un criterio que creemos que es acorde de los principios que rige el Sistema de Evaluación Ambiental y los principios de derechos humanos que deben primar en este tipo de decisiones. Es deber del Estado a través del SEA en este caso acreditar efectivamente si un proyecto de inversión afecta a comunidades indígenas. Ese el criterio que debiera primar por sobre cualquier otro criterio formal que se alega” argumentó Sergio Millamán, abogado de la comunidad indígena Domingo Cayún Panicheo.

Por otra par

te el abogado de la ONG FIMA Diego Lillo argumentó que es esencial que se haga un correcto estudio del proyecto. “Nuestros alegatos se basaron en el tema de consulta ciudadana e indígena en específico para demostrar que el vicio esencial es descartar la procedencia de la Consulta Indígena”. Además el abogado cuestionó la postura del Servicio de Evaluación Ambiental “Mediterráneo habla igual que el SEA, se acoplan de manera idéntica en relación a los argumentos de la casación”. “El SEA pretende establecer un estándar altísimo a la consulta ciudadana para demostrar que hay afectación, cuestión que se aleja totalmente de la normativa y del espíritu de la norma” Diego Lillo, abogado ONG FIMA.

En las afueras de la Corte Suprema los opositores al proyecto hidroeléctrico mostraron apoyo a sus representantes con una manifestación pacífica. “El abogado dejó clara la postura que tenemos de que hay que hacer la consulta indígena y hacer nuevamente un estudio de impacto ambiental para ver si este proyecto es factible o no para nuestra comuna” dijo Martín Gallardo habitante de la comuna de Cochamó.

Foto: Kurin Kurin.

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